En este asunto que referenciamos, nos encontramos con que concurrían los requisitos del delito de receptación y, por tanto, la condena por ello era segura. Nuestra estrategia se centró en intentar hacer una acción previa, antes del juicio y, una negociación en el mismo día del juicio con el Ministerio Fiscal.
En circunstancias normales, el acuerdo normal, en este caso, podría haber sido llegar a un acuerdo de una pena de prisión entre 3 a 6 meses pero, hubo un esfuerzo de insistencia y, al final, una aceptación por parte del Ministerio Fiscal, de cambiar para nuestro cliente la pena de prisión por una pena de multa.
Que, por tanto, debía ser inferior a 3 meses; y ello, porque, aunque el cliente no llegaría a entrar en prisión, porque se daban los requisitos para que eso no concurriese, lo cierto es que el plazo mínimo de suspensión de la pena es de 2 años y, hasta que no finaliza el mismo, no empieza a contar el plazo para cancelar los antecedentes penales derivados de esa condena.
Esto, para nuestro cliente era un auténtico problema, porque estaba pendiente de acceder a un puesto en un organismo público y, necesitaba un plazo más corto para poder cancelar el antecedente penal derivado de condena.
Esto, se consiguió con esta sentencia de condena por pena de multa y, por ello, consideramos que ha sido un caso de éxito, porque entra en el campo de la excepcionalidad.
